La Semes peca de ingenuidad
SERGIO ALONSO, REDACTOR JEFE DE 'LA RAZÓN'
Fecha de publicación: Domingo, 24 de Febrero de 2008

Las organizaciones médicas que operan en España pueden clasificarse en tres categorías: las que operan con total independencia frente a cualquier tipo de poder en defensa de sus asociados; las que sacrifican tal defensa a cambio de subvenciones, apoyos políticos e, incluso, un encuentro saldado con palmadas en la espalda con simples subsecretarios, y las que actúan de forma ingenua y acomodaticia, creyendo erróneamente que todo el mundo es bueno y que tarde o temprano se atenderán sus peticiones.

En este tercer grupo podrían incluirse abundantes organizaciones a las que, generalmente, el Poder termina dándoles la espalda porque no ve en ellas fuerza alguna que le oponga resistencia, y que, a los ojos del Ministerio de Sanidad o de las consejerías de Salud son simples juguetes.

Los paradigmas que representan el primer grupo de irreductibles son, hoy, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen).

Entre las segundas, la mención resulta innecesaria: son conocidas por todos en el sector.

Dentro de las terceras, de las ingenuas, figuran entidades que pasan en cuestión de días a echar un pulso al Poder a plegarse ante él en espera de que éste cumpla promesas vagas y genéricas que, generalmente, nunca llegan a puerto. Durante la primera legislatura del PP, el Sindicato de Auxiliares de Enfermería (SAE) y la Organización Médica Colegial (OMC) que comandó Francisco Perteguer fueron los máximos exponentes de esta forma de actuar. En la actualidad, un sector de los MIR y la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) han entrado voluntariamente en este subgrupo, para sorpresa de propios y extraños.

El caso de la Semes resulta especialmente llamativo. Con Elena Salgado como ministra, esta organización se manifestó a las puertas de Sanidad de forma conjunta con la CESM y CC.OO. en defensa de una reivindicación tan justa como necesaria para los profesionales que trabajan en las urgencias y para los pacientes: la creación de una especialidad similar a la que rige en numerosos países de Europa.

La presión fue tan fuerte, que logró arrancar un compromiso del ministerio e, incluso, un apoyo parlamentario, a los que nada podían oponer otras organizaciones contrarias al reconocimiento de dicha especialidad, como la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc).

Desgraciadamente, el tiempo pasó y las promesas no se cumplieron. Tantas fueron las largas, que la CESM y CC.OO. se prestaron a apoyar una nueva movilización de la Semes, la cual iba a producirse el pasado 16 de febrero, de nuevo a las puertas del ministerio. Sin embargo, una simple promesa por parte de las actuales autoridades sanitarias de que la regulación de tal especialidad se producirá tras los comicios del 9 de marzo ha bastado a los dirigentes de la sociedad científica para abortar la protesta y para confiar en la palabra dada.

Aunque siempre hay que crear en el principio jurídico del pacta sunt servanda (los pactos han de ser cumplidos), la experiencia indica que en política todo vale y que cualquier excusa es buena para frenar una revuelta profesional a escasos días para las elecciones.

¿Se les ha ocurrido pensar a los responsables de Semes en que papel quedarán ante sus representados si el ministerio ignora de nuevo sus peticiones tras los comicios? ¿Tienen constancia de que el PP cumplirá la promesa que ha formulado el PSOE si produce un vuelco en las urnas? ¿Han pensado en algún momento qué harán CC.OO. y la CESM si, finalmente, no se crea la especialidad y necesitan de nuevo movilizar a los facultativos para protestar contra el ministerio? ¿Han recibido explicaciones convincentes de las autoridades sanitarias de a qué se debe el retraso en el reconocimiento de la especialidad?

La falta de respuesta a estas preguntas apunta a que la Semes ha incurrido en un patinazo en toda regla. Del incumplimiento de las promesas ministeriales pueden darle cuenta un buen número de sociedades científicas y el Consejo General de Enfermería, que aún espera que se le satisfaga un compromiso similar.